"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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Proyectos en Activos

Además de las Asociaciones Público Privadas (APP), el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, implementa una modalidad de participación de la inversión privada denominada Proyectos en Activos, que permite a los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promover la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) respectivo, bajo los siguientes esquemas:

 

  • Disposición de activos, que incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles.
  • Contrato de cesión de uso, arrendamiento, superficie, usufructo u otras modalidades permitidas por ley.

Asimismo, cabe indicar que los contratos de Proyectos en Activos no pueden comprometer recursos públicos ni trasladar riesgos propios de una APP a la entidad pública, salvo disposición legal expresa. Por ejemplo, en un contrato de usufructo de un terreno de propiedad de la Municipalidad a favor de un inversionista destinado al desarrollo de un complejo comercial, los riesgos –al ser un negocio privado— son asumidos íntegramente por el inversionista. Una excepción se encuentra en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2014, Ley N° 30114, en su Sétima Disposición Complementaria Modificatoria que permite el uso de recursos públicos para el desarrollo de Proyectos en Activos del sector Justicia. Cabe advertir que los Proyectos en Activos (indistintamente si usan o no recursos públicos) no son APP por lo que no les aplica la clasificación de autofinanciada o cofinanciada.

Esta modalidad de promoción de la inversión privada tiene como antecedente el Decreto Legislativo N° 674 (referirse al Módulo 1) y su aplicación considera únicamente a las entidades mencionadas (Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local) excluyendo la participación de las empresas públicas quienes siguen circunscritas al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 674.

 

Principios Aplicables a los Proyectos en Activos

 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1224 los principios de aplicación para los Proyectos en Activos son: (i) competencia; (ii) transparencia; (iii) enfoque de resultados; (iv) planificación y (v) responsabilidad presupuestal. El detalle de cada uno de estos principios puede verse en Principios.

 

Incorporación al Proceso de Promoción

 

Como todo proyecto de inversión, los Proyectos en Activos requieren ser evaluados por sus entidades titulares antes de ser incorporados al proceso de promoción, a fin de analizar aspectos como el mejor uso que se le podría dar al activo (costo de oportunidad), la modalidad contractual a celebrar (contrato de venta o permuta de activa, etc.), entre otros temas. Por ello, la normativa establece que previamente a la incorporación de un Proyecto en Activo al proceso de promoción, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local debe presentar un informe de evaluación al OPIP competente, conteniendo como mínimo la siguiente información:

a) Antecedentes del proyecto.

b) Descripción de los bienes y/o servicios, materia del proyecto.

c) Descripción general del esquema de retribución al Estado, de corresponder.

d) Compromisos de inversión, de corresponder.

e) Informe preliminar de valorización del activo y el costo de oportunidad del activo, de corresponder.

f) Modalidad contractual a celebrar con el Estado.

g) Declaración jurada expresando que el Proyecto en Activo no compromete recursos públicos ni traslada riegos propios de APP a la entidad pública, salvo disposición legal expresa.

 

Como se puede observar, el informe de evaluación de un Proyecto en Activo es distinto al de una APP, concentrándose sobre todo en la descripción del proyecto, el posible esquema de retribución al Estado, la valoración del activo que puede servir para establecer una base mínima de valor de venta en caso corresponda y el estudio de alternativas en los que puede ser utilizado el activo en caso no se destine al proyecto.

Una vez recibido el informe de evaluación del Proyecto, el OPIP puede solicitar información adicional a la entidad pública, la cual deberá ser remitida de manera completa en un el plazo máximo de noventa (90) días hábiles, caso contrario, el informe de evaluación y la incorporación al proceso de promoción son consideradas como no presentados. No obstante, en caso el OPIP emita su conformidad sobre el informe de evaluación, el Proyecto en Activo será incorporado al proceso de promoción sin necesidad de algún trámite adicional u otra opinión por parte de entidades públicas.

Ya en la etapa del proceso de promoción, el OPIP debe desarrollar los estudios necesarios que permitan lograr el mejor diseño del proyecto y la elaboración de las Bases y del contrato. Respecto a las Bases la normativa exige que estas contengan la información mínima exigida para las bases de un proyecto de APP (componentes del factor de competencia del proceso de selección, plazos para la presentación de consultas y comentarios al proyecto de contrato, mecanismo de evaluación de propuestas, requisitos técnicos y financieros solicitados a los postores y procedimiento de impugnación a la adjudicación), siempre que el Proyecto en Activo así lo requiera.

Por otro lado, con relación al contrato, la normativa dispone que éste solo requiere la opinión previa favorable del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local respectivo, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que se solicitó, caso contrario, la opinión se considera como favorable. Cabe recordar nuevamente, que el contrato del Proyecto en Activo no puede contener riesgos propios de un contrato de APP; al respecto, debemos resaltar que la normativa excluye los riesgos de una APP pero no la inclusión de obligaciones o riesgos propios derivados de la naturaleza del activo, así por ejemplo, los vicios ocultos por la transferencia de un inmueble o la responsabilidad por el saneamiento, los cuales por su naturaleza civil sí pueden formar parte del contrato.

Un elemento importante a considerar es que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224 dispone que, sin perjuicio que en el informe de evaluación se realizó una valorización preliminar del activo objeto del proyecto, el OPIP es responsable que exista un informe final de valorización del activo antes de la adjudicación del proyecto, pudiendo encargar su elaboración a un consultor especializado. Dicho informe final, además debe contar con la opinión favorable del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local titular del activo.

Finalmente, se ha establecido que la adjudicación de los Proyectos en Activos es realizada mediante la modalidad de subasta o por otra modalidad prevista en las Bases, dejando al OPIP dicha definición. En todos los casos, la normativa estipula que el Proyecto debe adjudicarse a la oferta más conveniente, la misma que obliga a su titular al cumplimiento de los estudios técnicos y de ser el caso, a la propuesta técnica presentada.