"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

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Preguntas Frecuentes

Sobre deudas, obligaciones y contingencias del Estado - CAPITULO IV

Obligaciones y Contingencias del Estado Peruano

 

51. ¿Qué diferencia existe entre una obligación y una contingencia del Estado?

A diferencia de una obligación, en una contingencia no existe la convicción de la existencia de la deuda. En la obligación, se sabe que ésta existe pero no se ha podido cuantificar con exactitud.

 

52. ¿Cuál es la situación actual de estas obligaciones y contingencias?

Actualmente no se cuenta con un sistema centralizado de registro y análisis de las obligaciones del Estado, lo cual dificulta el proceso de formulación del presupuesto anual.

 

53. ¿Cuáles son los beneficios de un registro de las obligaciones y contingencias?

Un registro permitiría a la Dirección General de Crédito Público establecer con mayor claridad las prioridades de gasto y el ajuste que requieren realizar las unidades ejecutoras para cumplir con sus compromisos financieros. También permitiría orientar a las diferentes Comisiones del Congreso sobre las implicancias en el gasto fiscal de los propuestas referidas a exoneraciones o nuevos compromisos de gasto.

 

54. ¿Qué acciones ha seguido el MEF para conocer estas obligaciones y contingencias?

El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho esfuerzos por conocer el detalle de las contingencias y obligaciones. En ese sentido, realizó en más de una oportunidad el proceso de consulta a las unidades ejecutoras para la construcción de los estimados sobre obligaciones y contingencias, proceso que se inició en abril del 2001. Desde esa fecha, tanto el Viceministerio de Hacienda como la Jefatura del Gabinete de Asesores han venido desarrollando esfuerzos para completar la información requerida.

 

55. ¿Qué información se ha obtenido a la fecha respecto de las obligaciones y contingencias del Estado?

Una evaluación preliminar en base a información de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Normalización Previsional muestra que el monto de obligaciones y contingencias del Estado podría ascender a US$ 44,700 millones, las mismas que, sin embargo, no representan presión alguna sobre la caja fiscal, ya que se cancelarán con recursos presupuestales ordinarios o nuevas emisiones de bonos durante los próximos 30 años.

 

56. ¿A cuánto ascendería las obligaciones del Estado?

La cifra de obligaciones futuras se ubicarían en US$ millones. Entre las principales obligaciones que este registro preliminar considera destacan:

 

  • Las obligaciones previsionales relacionadas con los pensionistas del DL 19990 y el DL 20530. Los pagos a estos pensionistas se hacen con recursos presupuestales corrientes que compiten con otras prioritarias de gasto
  • También se incluye obligaciones sociales y previsionales a cargo de diferentes entidades del Gobierno Central, que habrán de cancelarse con cargo a recursos presupuestales ordinarios durante los próximos años.
  • También se incluye, obligaciones por Bonos de Reconocimiento pendientes de verificación. Una vez reconocidos los montos definitivos se incorporarían en las cifras de deuda pública interna.
  • Finalmente, se han identificado obligaciones con proveedores de bienes y servicios, que se encontrarían pendientes de regularización.

 

Si bien en su gran mayoría, estas obligaciones habrán de cancelarse en forma gradual con recursos presupuestales ordinarios, es necesario desde ahora tenerlos en cuenta para evitar que representen una presión importante sobre la caja fiscal para los próximos años. Esta información debe tenerse presente para cualquier ejercicio de programación financiera de los recursos del Estado.

 

57. ¿A cuánto ascendería las contingencias?

A igual que en el caso de las obligaciones, tampoco existe un registro centralizado de las contingencias del Estado. Al respecto, es importante que se defina un plan de trabajo para la elaboración de este registro, de manera que pueda contarse con una buena base de información para el análisis de la posición financiera del Estado.

 

Las principales contingencias que han podido identificarse a partir de la información suministrada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la Oficina de Normalización Previsional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Energía y Minas, ascienden a US$ millones.

 

Entre las contingencias destacan:

 

  • La cobertura del déficit actuarial de la Caja de Pensiones Militar y Policial, que tendrían que cubrirse en la medida que deba hacerse frente a las demandas de los pensionistas..
  • La deuda correspondiente a Bonos de Reforma Agraria. El marco legal vigente considera que estas obligaciones pueden utilizarse como pago en procesos de privatización o concesión a cargo de COPRI.
  • También se incluye en la lista las cantidades que han sido exigidas en procesos judiciales contra diferentes entidades del Gobierno Central.
  • La reserva actuarial de los trabajadores activos del DL 20530 y el DL 19990. Estas obligaciones no son de exclusiva responsabilidad del Gobierno Central, ya que en esta cifra se incluye también contingencias del resto de entidades gubernamentales que conforman al Sector Público Consolidado.
  • Un segundo rubro importante son las contingencias por los fallos que consideran a los bonos de productividad dentro de la categoría de ingresos pensionables.
  • Se incluye avales del Gobierno Central por operaciones de crédito externo transferidas a empresas públicas por US$ 1773 millones, de los cuales a la fecha se ha desembolsado US$ 779 millones.
  • En el caso del Fondo de Pensiones de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, las contingencias se estiman en US$ 436 millones.
  • Con relación a operaciones para asegurar la estabilidad del sistema financiero, se incluye US$ 122 millones correspondientes al contingente de recursos necesarios para facilitar la fusión de bancos en régimen especial y el aval de cartera por US$ 436 millones, otorgado por el Estado en el marco del Programa de Consolidación Patrimonial en 1999.