Preguntas Frecuentes

Sobre el Balance de la Situación Económica Actual - Capítulo I

Contexto Económico Institucional en que el Gobierno de Transición recibió el país

1. ¿Cuál fue la herencia económica que recibió el Gobierno de Transición?

La situación económica que recibió el Gobierno de Transición se caracterizó por: recesión económica desde 1998; incumplimiento de metas fiscales por dos años consecutivos; dificultades para cumplir con los servicios de la deuda externa; retraimiento de las inversiones por el tema político, sistema financiero debilitado, falta de transparencia y cultura del secreto en el manejo de las cuentas públicas; deudas abultadas y en muchos casos no registradas con el sector privado y un Ministerio donde se estaban perdiendo las capacidades operativas y analíticas indispensables para una buena gestión económica. Lo anterior se agravó, además, por un abrupto cambio de gobierno que hizo que se recibiera una gestión prácticamente sin una transferencia ordenada.

Debido a la crisis política (4 elecciones en menos de un año) y los hechos de corrupción difundidos, el Gobierno de Transición heredó también un contexto de desánimo a todo nivel (opinión pública, empresarios e incluso autoridades) que repercutía en las posibilidades del país de recuperarse económicamente y sobre todo en las decisiones de inversión de los agentes económicos.

2. ¿Cuales fueron los principales problemas económico-institucionales que debió enfrentar el Gobierno de Transición al asumir funciones?

Los principales problemas estaban asociados a una paralización de las privatizaciones; el estancamiento de la reforma del Estado, a la negativa influencia de la politización del Poder Judicial, al relajamiento de la disciplina fiscal, a la pérdida de eficiencia de la política social, al uso político de la Sunat, la poca comprensión sobre el rol de las entidades reguladoras y la baja aceptación de la economía de mercado por la opinión pública.

3. ¿Cuál era la situación de las privatizaciones al inicio del Gobierno de Transición?

En un contexto de politización del manejo económico, desde 1997 el Gobierno anterior prácticamente paralizó el proceso de privatizaciones. Las operaciones de privatización suspendidas fueron, básicamente, del sector eléctrico, pero también incluyeron refinerías y algunos proyectos y prospectos mineros. Asimismo, se estancaron los procesos de concesión de carreteras, puertos regionales y del puerto del Callao.

4. ¿Cómo se encontraba la Reforma del Estado?

El proceso de Reforma del Estado del que se hablaba en la década anterior, estaba paralizado. En realidad, durante los dos períodos del gobierno anterior no hubo un avance sistemático de reforma integral del Estado, sino cambios aislados en áreas específicas. Salvo algunos casos (creación de entidades reguladoras, por ejemplo), las reformas económicas de los 90 no fueron plenamente acompañadas por una reforma del aparato estatal.

5. ¿Cómo afectaba la politización del Poder Judicial en la generación de confianza en materia económica?

A fines de 1995, se había iniciado un proceso de reforma en el Poder Judicial. A pesar de las mejoras administrativas, la reforma no logró resultados positivos y demostrables con relación a dos problemas muy antiguos: La corrupción y la incertidumbre o falta de predictibilidad acerca de las sentencias. Por el contrario, se retrocedió debido a la alta dependencia política que generó la reforma. El 70% de la opinión pública desaprobaba en diciembre del 2000 la gestión del Poder Judicial. Para muchos analistas, la reforma del Poder Judicial fue una pieza más del plan de corrupción al interior del gobierno anterior por controlar todas las instituciones relacionadas a la justicia en el país: Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.

6. ¿Porqué se hablaba del relajamiento de la disciplina fiscal en el gobierno anterior?

Si bien los déficit fiscales de los noventa no socavaron la estabilidad de precios, (pues gracias a la autonomía del BCR no se recurrió al financiamiento vía emisión monetaria), éstos siguieron siendo un problema dado que las expansiones irresponsables del gasto con fines electorales fueron seguidas de severas contracciones que generaron una mayor volatilidad en el nivel de actividad económica. Eso precisamente fue un sello del gobierno anterior que utilizó los recursos fiscales en épocas electorales. Es más, al asumir el Gobierno de Transición, casi todos los recursos de la privatización –que debieron haber servido para reducir el stock de la deuda o inversión social- habían sido utilizados para financiar los excesivos déficits. Es así que a fines del 2000 el financiamiento del déficit no estaba garantizado.

7. ¿En qué se reflejó la pérdida de eficiencia de la política social?

En la última década, la estrategia de lucha contra la pobreza mostró tres errores fundamentales:

• La inadecuada focalización de la inversión en la población más pobre.
• La falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la política social.
• La deficiencia en el diseño de los programas y la falta de evaluaciones de impacto de los mismos.

Por otro lado, la sostenibilidad y eficiencia del gasto social se vio afectada por los objetivos políticos del gobierno anterior, agravando los errores señalados. Por ejemplo, Cofopri y Pronaa fueron “capturados” por el gobierno para sus fines políticos.

8. ¿Cómo afectaba a la economía el uso político de la Sunat?

Cada vez fueron mayores los cuestionamientos a la labor de la SUNAT y su uso como herramienta de presión y persecución política. Varios ejemplos de los últimos años así lo demuestran. La institución perdió energía y legitimidad en la sociedad y los contribuyentes que empezaron a cuestionar su actuación. Ello afectó sus esfuerzos por mejorar la eficiencia en la recaudación, ampliar la base tributaria y acercar al contribuyente al ente recaudador.

9. ¿Cuál era la situación de las entidades reguladoras y supervisoras?

Las instituciones vinculadas al manejo económico del país tales como Sunat, Indecopi, Aduanas, SBS, las entidades reguladoras, tuvieron especialmente en la primera etapa del gobierno fujimorista un avance importante en cuanto a su autonomía y manejo eficiente, incluso alguna de ellas fueron considerados modelos institucionales a nivel latinoamericano. También algunas instituciones vinculadas al apoyo social como Foncodes merecieron similares reconocimientos a su labor. No obstante, a partir de 1998 gran parte de estas instituciones empezaron a sufrir los avatares de la politización de la política económica y algunas fueron prácticamente intervenidas mientras que otras luchaban por preservar su autonomía.

10. ¿Qué expectativas tenía el sector empresarial?

En general, al final del gobierno anterior el empresariado mostraba un nivel considerable de incertidumbre en lo que se refería al futuro económico del país. En noviembre del 2000, debido a la crisis de expectativas, un gran sector del empresariado asignaba una probabilidad de ocurrencia moderada a escenarios críticos como la de una caída drástica del nivel de producción, el incumplimiento en el servicio en la deuda externa, una crisis bancaria y una devaluación alta y abrupta del Nuevo Sol, eventos que unos años atrás resultaban muy poco probables. Adicionalmente, no veían señales claras de una posible reactivación, a través de medidas concretas tomadas por el gobierno, que permitiera pensar en una mejora en el corto plazo.

11. ¿La opinión pública aceptaba la economía de mercado?

La pérdida de convicción en favor de una economía de mercado como instrumento de desarrollo del país no sólo se presentó en el gobierno anterior sino que se extendió a la ciudadanía. Según Apoyo S.A., la mayoría de la opinión pública aún considera que los precios de los pasajes urbanos, el agua, teléfono, tasas de interés, gasolina y electricidad deben ser fijados por el Estado. Asimismo, la aceptación del proceso de privatización era y es escasa. De esta forma, la economía de mercado se asociaba con desempleo, recesión e incluso, con corrupción.