"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
9. ¿En qué condiciones económicas recibió el mandato el Gobierno de Transición?
Al inicio de la gestión del Gobierno de Transición, el panorama interno era desfavorable, tanto en el plano económico cuanto en el político. En efecto, la conducta irresponsable del Gobierno anterior junto con el impacto inesperado de choques externos deterioró significativamente la confianza de los agentes económicos, afectando la inversión y propiciando el estancamiento económico. De esta manera, los logros en materia económica que tanto esfuerzo habían costado a los peruanos, no sólo se encontraban en riesgo sino que además los pilares que sustentaron el ciclo “inversión–crecimiento” de inicios de la década de los noventa comenzaban a ser cuestionados severamente. En este escenario, la percepción internacional básicamente respondía a los desarrollos de la coyuntura interna del país, no existiendo aparentemente mayores riesgos en cuanto a las expectativas de crecimiento para la economía mundial. Así, por ejemplo, hacia octubre del año pasado, el consenso de la revista The Economist [3] preveía un aterrizaje suave para la economía norteamericana (crecimiento de 3.5% en el 2001), al tiempo que el FMI preveía (en octubre de 2000) una expansión de 3.2% para dicha economía en el 2001. Los pronósticos para el Japón, por su parte, apuntaban a una ligera pero lenta recuperación. Para América Latina se estimaba un crecimiento de aproximadamente 4.1% en el 2001.10. ¿Cuál era la situación a noviembre del 2000 en materia macroeconómica?
En materia macroeconómica, el Gobierno de Transición recibió un país con una economía afectada por un agotamiento del mercado interno, que ya había soportado más de dos años de recesión. Esta situación era agravada por una prolongada crisis política que continuó deteriorando las expectativas de los agentes económicos.
En el cuarto trimestre del 2000, la economía registró un crecimiento negativo de 0.4%. En términos desestacionalizados, al mismo período, la economía ya mostraba el rigor de la recesión, acumulando dos trimestres de caída de la producción, de 1.9% e 1.5% respectivamente.
En este escenario, la incertidumbre de la población y de los empresarios a todo nivel continuaba impidiendo la recuperación de la inversión y del consumo. Así, por ejemplo, a noviembre del año pasado, los índices de confianza ya mostraban seis meses consecutivos de deterioro.
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Además, claramente, al inicio de la gestión del Gobierno de Transición, existía una situación de descontento y desconfianza generalizado en la relación Estado-ciudadano en el Perú, la cual se había desarrollado desde hacía varios años, sobre la base de una visión unidireccional, donde el Estado tenía derecho a saber todo sobre el ciudadano y éste no tenía derecho a saber nada sobre el Estado.
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Bajo este paradigma, la administración pública producía, de la noche a la mañana, “normas sorpresa”, excluyendo así mayoritariamente a los ciudadanos y otros agentes económicos del proceso de elaboración normativa. Estos Decretos, eran fabricados y publicados sin dejar abierta la posibilidad de captar aportes de la ciudadanía a las propuestas normativas. En tal sentido, resultaba absolutamente necesario crear conciencia en la población acerca de la necesidad de la aplicación de políticas de transparencia en la gestión pública.
11. ¿Cómo se encontró la situación del sistema bancario?
El sistema bancario, por su parte, al inicio de la gestión del Gabinete de Transición, reflejaba la debilidad del sector real de la economía. Esta situación, motivada principalmente por el deterioro del sujeto de crédito en la economía (incremento de la cartera atrasada), que no era reciente sino que ya se había presentado en 1999, obligó a una mayor consolidación del sistema financiero. Así, entre 1999 y 2000 se produjeron 12 reorganizaciones societarias que finalmente han permitido una mejora en la gestión de los riesgos, la ampliación de la base patrimonial y a una mayor competencia entre bancos. Los bancos que no lograron adaptarse a los nuevos requerimientos tuvieron que ser intervenidos. En diciembre de 2000, a la lista de bancos que habían sido intervenidos entre 1999 y 2000 (Banex, Orión y Serbanco) se añadieron Nuevo Mundo y NBK. Estos dos bancos, sin embargo, en la actualidad están en busca de inversionistas a través de la Comisión Especial de Promoción para la Reorganización Societaria (CEPRE).
12. ¿Cómo se recibió las finanzas públicas?
Las finanzas públicas se encontraban fuera de control. La recaudación fiscal no interrumpía su caída (reduciéndose en más de 5% en términos reales en noviembre) y los esfuerzos por ajustar el gasto y recuperar el terreno perdido por la grave indisciplina en el gasto durante la campaña electoral del 2000 parecían infructuosos. En este contexto, el incumplimiento por segundo año consecutivo de las metas con el Fondo Monetario Internacional era prácticamente un hecho. La falta de prudencia en la ejecución de la política fiscal había obligado al Gobierno a financiar su desequilibrio con cada vez más recursos provenientes del proceso de privatización. Así, los depósitos del Estado en el BCRP en la cuenta de privatización mostraron una reducción de más de US$800 millones en el año 2000. No obstante, si bien este manejo junto se vio reflejado en una disminución de las reservas internacionales netas (de US$8,404 millones a fines de 1999 a US$8,180 millones a fines del 2000), la posición de liquidez internacional se mantuvo en niveles moderados.
Las dificultades políticas y económicas habían ocasionado la postergación de las negociaciones de nuevas metas con el FMI para el tercer año del Acuerdo de Facilidad Ampliada suscrito para el período 1999-2001. Esta situación, sin lugar a dudas, ponía en riesgo la posibilidad de gestionar nuevo financiamiento para cubrir las obligaciones del Estado en el 2001. Más aún, en las condiciones mencionadas aún no estaban completamente garantizadas las fuentes de financiamiento para que el país pueda afrontar los pagos por servicio de la deuda externa del año.
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13. ¿Cómo repercutió el problema del frente interno en nuestra calificación de riesgo-país?
La turbulencia del frente interno alteró las expectativas de los agentes económicos e incrementó la desconfianza de los inversionistas en el país. En este escenario, la calificadora de riesgo Fitch Inc., decidió modificar sucesivamente la percepción de las calificaciones de la deuda soberana en moneda extranjera del Perú, ubicándola bajo credit watch negative el 7 de noviembre pasado y recientemente reduciendo su calificación en una categoría, considerando la incertidumbre política y las posibles repercusiones que ésta podría tener sobre la economía. Standard & Poor´s, por su parte, redujo el 30 de octubre pasado la calificación de los instrumentos de deuda del Perú de BB con perspectivas negativas a BB- con perspectivas estables, considerando la incertidumbre política y las posibles repercusiones que ésta podría tener sobre la economía. Ambas calificadoras de riesgo señalaron que continuarían evaluando las condiciones políticas y económicas en el país durante los próximos meses. En este contexto, hacia fines del 2000, los analistas económicos preveían un crecimiento cercano al 3 por ciento para el 2001.
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Ante estos desarrollos, la percepción de riesgo país (medida como el diferencial del rendimiento entre los bonos Brady peruanos y el bono del Tesoro norteamericano) aumentó considerablemente. Así por ejemplo, entre fines de diciembre de 1999 y noviembre del 2000, este diferencial prácticamente se duplicó, incrementándose en 353 puntos básicos. La evolución de estos indicadores afectó en definitiva el costo del financiamiento externo de los bancos y las empresas peruanas, lo cual finalmente terminó reflejándose en una tasa de interés más alta en el mercado local. Un ejemplo de ello es que la tasa de interés interbancaria en moneda extranjera se incrementó en este lapso de 6.6% a 8.2%.
De otro lado, al inicio de la gestión al frente del Sector Economía y Finanzas, se pudo detectar la ausencia de una adecuada estrategia de comunicación que permita transmitir de manera clara y oportuna los principios básicos que guían a la política económica y la racionalidad que subyace a las diversas normas que se publican en materia económica.
En tal sentido, era evidente la necesidad de una estrategia integral para el desarrollo de un sistema de comunicaciones que permita difundir con claridad los principios de estabilidad, prudencia y transparencia fiscal, así como las bondades del programa económico.