Transparencia Económica

CAPITULO III: PRINCIPIOS BASICOS DE POLITICA EN EL PERIODO 2002-2004

La política fiscal debe generar los espacios necesarios para una creciente participación del sector privado, el cual, a través de la inversión, se constituye en el motor principal del crecimiento económico. La política fiscal buscará el equilibrio fiscal, cuidando de no  poner freno al crecimiento de la actividad económica, con el fin de no restarle recursos al sector privado y no ejercer presión sobre el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ello no sólo permitirá ampliar el campo de acción del sector privado en sus decisiones de inversión y ahorro y aliviar la carga fiscal de las generaciones futuras, sino que también contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la economía peruana.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará antes del 30 de marzo de cada año, el Informe Anual del Desempeño a elaborarse sobre la base del seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y pondrá en circulación, antes del próximo mes de julio, un Boletín Fiscal con periodicidad mensual, el cual contendrá información de carácter macrofiscal que permitirá seguir el desenvolvimiento de la economía en el contexto del Marco Macroeconómico Multianual y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, tanto a nivel agregado como también a nivel de las principales funciones y programas de gasto, el cual también estará disponible a través del Portal de Transparencia Económica.

La política tributaria, sin abandonar la prudencia fiscal y bajo los principios de neutralidad, simplicidad y equidad, tendrá como meta alcanzar una estructura tributaria que se sustente principalmente en tres tipos de impuestos: El Impuesto General a las Ventas que debe ser de aplicación general, en todas las etapas económicas; el Impuesto a la Renta que debe aplicarse equitativamente a todas las personas naturales y jurídicas del país sin excepciones; y el Impuesto Selectivo al Consumo que como impuesto complementario al Impuesto General a las Ventas, debe aplicarse en forma simple, con el objeto de recaudar  y reorientar el consumo en función a criterios de protección de la salud y/o del medio ambiente.

El gasto público se ejecutará a través de una gestión por resultados, liberando los recursos necesarios para aumentar el gasto social, reducir la carga de la deuda pública y aliviar la carga tributaria del sector privado. Asimismo, se promoverá la introducción de una cultura de programación y evaluación del gasto público, en el cual la ciudadanía tenga una participación activa en el control del accionar público.

Se buscará mejorar la eficiencia y eficacia de los programas sociales e incrementar la productividad en el uso de los recursos públicos, concentrándose en las actividades directamente vinculadas a la prevención y la protección del daño en familias de mayor riesgo, salud básica (esencialmente preventiva) y atención de baja complejidad, educación preescolar para niños de 5 años y educación primaria.

Se pondrá especial énfasis en el proceso de articulación inicial-primaria, justicia básica que asegure los derechos fundamentales de las personas y que éstas tengan acceso a formas adecuadas de prevenir y solucionar sus conflictos. Asimismo, vivienda y saneamiento esenciales que permita ampliar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electricidad de las poblaciones de escasos recursos.

De otro lado, se busca asegurar  la seguridad ciudadana para combatir, en estrecha vinculación con la justicia, la delincuencia y la intranquilidad pública, e inversión social adicional, para permitir la transferencia de capital a nivel local que apoye el desarrollo en zonas deprimidas, a través de infraestructura básica para la producción como caminos rurales, mantenimiento de carreteras, pequeños sistemas de riego y acciones de sanidad y promoción agropecuaria, electrificación rural, entre otros.

La Política Comercial continuará orientada a lograr una mayor apertura de nuestra economía a los mercados internacionales, lo cual favorecerá el fortalecimiento del proceso competitivo y la multiplicación de eficiencias en la economía, en conjunción con regulaciones apropiadas y transparentes que promuevan el mejor funcionamiento de los mercados, la corrección de los abusos de posiciones dominantes, la eliminación de tratos discriminatorios y el fomento de las privatizaciones y concesiones.

La política arancelaria contempla una reducción de los aranceles teniendo en consideración los acuerdos de integración en que participa el país, para orientar y fomentar la competitividad de nuestra economía.

a.  Generar empleo adecuado. El esfuerzo principal recae en la inversión privada, en las personas y empresas, en generar el ahorro y la inversión adecuados (en todos los sectores).

b.  Desarrollar una gestión pública eficiente y austera, sobre la base de una estructura organizacional del sector público reformada.

c.  Promover igualdad de oportunidades para todos los habitantes, principalmente con el acceso permanente a condiciones básicas adecuadas de educación, salud, justicia y prevención en grupos de mayor riesgo.

d.  Asignar adecuadamente los recursos disponibles, atendiendo criterios de priorización, simples, explícitos y transparentes, promoviendo la descentralización progresiva y el fortalecimiento del tejido social y las capacidades institucionales de los municipios provinciales, como actores centrales del desarrollo social del país.