Transparencia Económica

CAPITULO II: ESCENARIO MACROECONOMICO PARA EL PERIODO 2002-2004

En mayo de 2001, la sociedad peruana con más de 26 millones de habitantes, requiere acuerdos mínimos para asegurar la coherencia social y el desarrollo integral.  Una actitud adecuada de toda la sociedad, expresada en decisiones y acciones correctas debe generar, en el mediano plazo, las condiciones para el pleno desarrollo humano de todos los habitantes del Perú, en un ambiente equilibrado.  Por el contrario, una actitud negativa o una pasiva frente a los elementos esenciales para el desarrollo puede llevar a un fraccionamiento de la sociedad, al crecimiento de la violencia, la pobreza y la exclusión social, haciendo ingobernable nuestro sistema democrático.

Si bien el desafío para nuestra sociedad es enorme, más difícil aún es el periodo de transición de los próximos años, en los que la escasez de recursos y las limitaciones en las capacidades institucionales y organizativas, hacen necesario escoger y realizar dolorosas priorizaciones en la asignación de los recursos públicos.  Por un lado, está el déficit de consumo diario de las familias, cuya real solución depende de la inversión y ahorro sostenidos por varias décadas; y por el otro, el cumplimiento de las funciones elementales del Estado, donde las necesidades duplican la disponibilidad de recursos.

Poniendo adelante estas premisas, el principal objetivo del programa económico es alcanzar un crecimiento económico alto y sostenido en el mediano y largo plazo, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas, promoviendo la inversión y generación de empleo productivo permanente a cargo del sector privado, que permita cerrar progresivamente los déficits de consumo de la población y aumentar su nivel de vida de manera sostenible, preservando el medio ambiente.

Actualmente, el 15 por ciento de la población no accede a una canasta básica alimentaria, que en términos per cápita se aproxima a US$ 1 diario; es decir, hay un déficit de consumo de US$ 238 millones por año. Además, la mitad de la población no tiene acceso a una canasta básica de consumo, que en promedio es de US$ 2 diarios por persona, y que significa un déficit de consumo respecto a la canasta básica  cercano a los US$ 2645 millones anuales. Si consideramos estándares de consumo de mediano plazo (tomando como referencia US$ 3,2 diarios por persona a nivel nacional en promedio) el déficit de consumo, que el crecimiento económico debe ser capaz de cerrar, asciende a US$ 13 mil millones anuales.

Las políticas propuestas en el MMM-2002-2004, junto con el manejo prudente de la política monetaria que ejecutará el Banco Central de Reserva, permitirán que el crecimiento previsto para este trienio sea fundamentalmente impulsado por la expansión del sector privado y las exportaciones. Estos resultados se dan en un contexto normal sin eventos externos e internos negativos, un sistema financiero fortalecido y una reducción paulatina de los indicadores de riesgo país, acorde con una política económica prudente y de reformas que se llevaría a cabo en nuestra economía.

En el periodo 2002-2004, la inflación promedio anual se situaría en un rango 2,0 y 2,7 por ciento.

Se prevé una acumulación de reservas internacionales netas en el BCRP entre el 2002 y el 2004 de US$ 1 290 millones aproximadamente. Así, las reservas internacionales netas ascenderán a fines del año 2004 a US$ 9 685 millones, lo que representa alrededor de 12 meses de importaciones de ese año y contribuirá a fortalecer la posición externa y a reducir la vulnerabilidad del país ante eventuales choques externos adversos.

Se prevé un crecimiento promedio anual del PBI de alrededor del  5,5 por ciento entre los años 2002 y 2004, como resultado de la recuperación que mostraría la economía a partir del tercer trimestre del 2001, y estará liderado por un aumento promedio anual de la inversión privada de  10,5 por ciento real y de las exportaciones reales de bienes y servicios de 8,1 por ciento. Los mayores niveles de inversión bruta fija privada se reflejarán en un aumento de su ratio con respecto al PBI, el cual pasará de 15,7 por ciento del PBI en el 2001 a 17,7 por ciento en el 2004.

Se espera que el PBI per cápita se eleve en alrededor del 12 por ciento (en dólares constantes) entre el 2001 y el 2004; y que el déficit de consumo alimentario se reduzca de los US$ 237 millones en el 2001, a US$ 134 millones en el 2004; y que el déficit de consumo básico se reduzca de US$ 2,662 millones a  US$ 1,753 millones, en el mismo periodo.

Se espera que el resultado económico del Sector Público para el año 2002 presente un déficit del 1,0 por ciento del PBI, en tanto que los años 2003 y 2004 disminuyan los déficits al 0,8 y 0,7 por ciento del PBI, respectivamente, para las condiciones promedio establecidas en este marco.

El financiamiento del déficit del Sector Público Consolidado durante el período 2002 – 2004 provendrá principalmente de fuentes externas y del uso de recursos del Sector Público, entre los que destacan aquellos provenientes del proceso de privatizaciones y concesiones, que será impulsado, especialmente en los sectores eléctrico, portuario y vial. El requerimiento de financiamiento para el 2002 supone obtener desembolsos externos por US$ 1 080 millones, los que se componen de US$ 580 millones correspondientes a proyectos de inversión y US$ 500 millones por desembolsos fungibles.

Para el año 2002, se espera una reducción de la presión tributaria en 0,2 puntos porcentuales del PBI, por los cambios en la tasa del impuesto a la renta, cuyos efectos en recaudación serán contrarrestados en parte por una mayor eficiencia administrativa de las instituciones recaudadoras. En el año 2003 se contempla reducir la tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad a 3 por ciento para luego eliminarla en el 2004 y con el fin de consolidar la eficiencia del sistema tributario, se ha previsto la eliminación progresiva de diversas exoneraciones tributarias sectoriales y regionales. Por otro lado, se contempla también la reducción de la tasa arancelaria en función a los acuerdos de integración en los que el país participa, con el objeto de mejorar nuestra competitividad.

En este escenario, los ingresos totales del Gobierno General para el período 2002-2004, se mantendrían estables en un 14,4 por ciento del PBI promedio anual y los ingresos tributarios del Gobierno Central se estabilizarían en un nivel de alrededor del 11,9 por ciento del PBI en promedio anual para el periodo 2002-2004, en tanto que los ingresos no tributarios se mantendrán en alrededor del 1,7 por ciento promedio en el periodo 2002-2004.

En el caso de los ingresos corrientes de las otras entidades públicas que conforman el Gobierno General, se prevé que en los años 2002 y 2003  se mantendrán  en un nivel similar al que se registraría en el año 2001, equivalente al 0,8 por ciento del PBI en promedio anual, reduciéndose al 0,7 por ciento del PBI en el 2004. Por su parte, los ingresos de capital del gobierno general, se mantendrían en niveles de alrededor del 0,1 por ciento del PBI en promedio anual durante el período comprendido en este Marco.

En lo que corresponde al gasto público, se proyecta que los gastos financieros se reducirán aproximadamente del 2,1 por ciento del PBI en el año 2002 al 2,0 por ciento del PBI en el 2004, reflejando la utilización de diversos instrumentos financieros que permiten mejorar el perfil de la deuda pública y aliviar la carga del servicio de la deuda a corto plazo. Asimismo, se proyecta que los gastos no financieros del Gobierno General en el año 2002 asciendan al 13,9 por ciento del PBI, nivel que se reduciría gradualmente hasta alcanzar un 12,9 por ciento del PBI en el año 2004. Hay que advertir que una expansión mayor del Gasto No Financiero del Gobierno General está limitado al dos por ciento de crecimiento en términos reales por año que impone la  Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Como elemento fundamental del proceso de reformas estructurales es importante relanzar las privatizaciones y las concesiones públicas. Ello permitiría no sólo mejorar la eficiencia de la economía, sino también permitir contar con recursos externos a menor costo que los desembolsos de deuda, mientras se logran las condiciones para un acceso continuo en el mercado internacional de capitales.

Así, las privatizaciones pendientes estarían generando recursos para el gobierno por aproximadamente US$ 2 100 millones entre el 2002 y 2004, monto que provendría principalmente de la privatización de todas las empresas estatales del sector eléctrico y las unidades de Petroperú (Refinería de Talara y Conchán). De estos recursos US$ 1 150 millones corresponderían al Tesoro Público, US$ 660 millones al Fondo Nacional de Ahorro Público y US$ 300 millones al Fondo de Estabilización Fiscal, con lo cual los recursos contenidos en este fondo ascenderían aproximadamente a US$ 440 millones a fines del año 2004.