Uno de los criterios para declarar la viabilidad de un proyecto de inversión pública (PIP) es que sea sostenible, es decir que no haya interrupciones en la prestación de los bienes y servicios. Esto puede ocurrir cuando un peligro (sismo, deslizamiento, huayco, inundación, entre otros) impacta y daña a la unidad productora de los bienes y servicios causando una severa interrupción en su funcionamiento, lo que se considera un desastre. Esto se debe a que se ubica los PIP en áreas de impacto de peligros, sin capacidad de resistirlos y de recuperarse rápidamente.

Cuando ocurre el desastre los usuarios van a dejar de percibir beneficios sociales y se generan gastos en la atención de la emergencia, en la rehabilitación y recuperación de la capacidad de prestación de los servicios, lo cual afectará la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de otros PIP.

En ese contexto el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) promueve la gestión del riesgo de desastres, que implica adoptar medidas para no generar riesgos a los PIP o corregir los existentes. También las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) señalan que se debe gestionar el riesgo de desastres en la inversión pública.

Otro tema a tomar en cuenta en la formulación de los PIP es el cambio climático, cuyos efectos pueden ser: a) cambios en la disponibilidad de recursos (por ejemplo agua para los PIP de riesgo o de agua potable), b) modificaciones en los peligros climáticos, y c) en cambios en la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, entre otros. Sobre la base del análisis de los efectos se plantearán medidas de adaptación en los proyectos

Las medidas para reducir los riesgos y adaptarse al cambio climático implican mayores costos de inversión en los PIP, pero a cambio se evitarán gastos y pérdidas de beneficios sociales